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¿Por qué tiene mi empresa la obligación de cumplir la Ley General de Discapacidad?

La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (LGD), consta aprobada en el artículo 42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y establece la obligación por parte de las empresas públicas y privadas a, que al menos, el 2% de los trabajadores tenga un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, en caso de emplear a un número de 50 o más trabajadores.

Para este cómputo debemos tener en cuenta que el período de referencia serán los 12 meses inmediatamente anteriores, durante los cuales se obtendrá el promedio de trabajadores empleados, incluidos los contratos a tiempo parcial, en la totalidad de centros de trabajo de la empresa.

Deberemos tener en cuenta también que los trabajadores con contratos temporales de un año se computarán como fijos, así como los trabajadores con contratos de duración inferior a 1 año se computarán según el número de días trabajados en base al criterio de que por 200 días corresponderá un trabajador más.

Excepcionalmente las empresas quedarán exentas de esta obligación, alegando motivos de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que imposibiliten la contratación de personal discapacitado (por Via Causal); o bien por la imposibilidad de que tanto los servicios públicos de empleo competentes como las agencias de colocación, puedan atender la oferta de empleo presentada (por Vía Demanda de Empleo).

La medida alternativa que deberán llevar a cabo para ello, estará entre las siguientes:

  • Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado, para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes,…
  • Realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo discapacitado, para la prestación de servicios ajenos y accesorios.
  • Realización de donaciones y de acciones de patrocinio, siempre de carácter monetario, para el desarrollo de actividades de inserción laboral y creación de empleo de personas discapacitadas.
  • Constitución de un enclave laboral, previa suscripción del correspondiente contrato con un centro especial de empleo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero

En caso de incumplimiento, el régimen sancionador determina la imposibilidad de contratar con la Administración Pública así como recibir ayudas o subsidios de ésta, la pérdida de todas las bonificaciones en materia laboral, y multa de hasta 6.000€ al año por persona no contratada o falta de medidas alternativas.

 

Si su empresa no cumple lo establecido por la Ley General de Discapacidad, no dude en ponerse en contacto con Metropolis CET para recibir el asesoramiento y los servicios pertinentes.